Introducción
Durante la última década, la política climática en Europa ha estado dominada por un objetivo claro: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global. Ese esfuerzo sigue siendo imprescindible y, a pesar de las dudas planteadas por Estados Unidos, debe intensificarse. Sin embargo, aferrarse exclusivamente a la mitigación como eje central de la respuesta climática ya no es compatible con la realidad física ni con la estabilidad económica del continente.
Hoy es conveniente reconocer, al menos, dos hechos incómodos, pero fundamentales para orientar adecuadamente la acción pública y privada. El primero es que los esfuerzos actuales de mitigación, incluso en los escenarios más favorables basados en las políticas vigentes, no son suficientes para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 ºC tal y como pone de manifiesto Climate Action Tracker. El sistema climático seguirá cambiando durante las próximas décadas, y con él, las condiciones sobre las que se asienta la actividad económica.
El segundo es que el impacto económico del calentamiento global ha sido sistemáticamente infravalorado. De hecho, la literatura económica tradicional sobre cambio climático tendía a estimar pérdidas relativamente moderadas —del orden del 1–3 % del PIB por cada grado adicional de temperatura— basándose en variaciones locales y en shocks de corta duración. Sin embargo, la evidencia más reciente apunta a daños macroeconómicos mucho más profundos, persistentes y generalizados de lo que se asumía hasta ahora (Bilal and Känzig, 2026).
Los trabajos más recientes introducen un cambio conceptual clave al centrarse en la temperatura media global. El calentamiento global, que altera la frecuencia e intensidad de los eventos extremos, afecta a la economía a través de canales sistémicos: deteriora de forma persistente la productividad, reduce la inversión, erosiona el capital físico y humano y aumenta la incertidumbre. Estos efectos no son transitorios ni fácilmente reversibles. Al contrario, la temperatura global está estrechamente vinculada a la frecuencia e intensidad de eventos extremos —olas de calor, sequías, precipitaciones intensas o vientos extremos— y estos tienden a acumularse en el tiempo.
Las estimaciones resultantes son contundentes: un aumento permanente de 1 ºC en la temperatura global podría reducir el PIB mundial a largo plazo en más de un 20 %
En este contexto, el cambio climático deja de ser un riesgo ambiental acotado y se convierte en un shock macroeconómico estructural, con implicaciones directas para el crecimiento potencial, la estabilidad financiera y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Juntos, estos dos elementos conducen a una conclusión inevitable: la adaptación no es un complemento de la mitigación, sino una condición necesaria para la estabilidad económica y financiera en Europa.
Europa ofrece ya una ilustración clara de esta dinámica. El verano de 2025 mostró hasta qué punto los riesgos físicos del clima son económicos, territoriales y persistentes. El estudio de Usman, Parker y Vallat (2025) señala que el impacto de los eventos extremos ocurridos en el verano de 2025 sobre las regiones europeas supuso que una cuarta parte de las regiones de la UE se vieran afectadas por olas de calor, sequías, inundaciones o eventos compuestos, con una pérdida agregada de actividad de 43.000 millones de euros en 2025, que podría ascender a 126.000 millones en 2029 si se tienen en cuenta los efectos persistentes.[1]
Estos efectos presentan tres características especialmente relevantes para la agenda económica europea. En primer lugar, su persistencia: las pérdidas de actividad se amplifican con el tiempo, afectando al tejido productivo regional durante varios ejercicios. En segundo lugar, su heterogeneidad territorial: el sur de Europa aparece de forma recurrente como una de las áreas más expuestas. Y, en tercer lugar, la naturaleza indirecta de muchas pérdidas, derivadas no tanto de la destrucción de activos como de la disrupción prolongada de la actividad económica.
España encarna con especial nitidez este riesgo. Sequías persistentes, olas de calor cada vez más frecuentes, estrés hídrico y exposición costera configuran un perfil de vulnerabilidad que puede traducirse en pérdidas regionales que podrían superar el 2% del PIB en algunas áreas hacia finales de la década, con efectos materiales sobre la productividad, el empleo y el valor de los activos. [1]
Adaptación: de respuesta reactiva a gestión anticipada del riesgo
Frente a este escenario, la adaptación debe dejar de concebirse como una política defensiva o reactiva. Adaptarse significa invertir ex ante en reducción del riesgo, disminuyendo la exposición y la vulnerabilidad antes de que los impactos se materialicen. De hecho, el enfoque más reciente sobre adaptación subraya que esta genera un “triple dividendo”: evita daños futuros y aumenta la capacidad de absorción de shocks, limitando la variabilidad macroeconómica, mejora el desempeño económico incluso en ausencia de eventos extremos y produce co‑beneficios sociales y ambientales.
Esta lógica sería plenamente aplicable a España y a Europa, donde la inversión en resiliencia hídrica, infraestructuras urbanas adaptadas al calor o la gestión forestal puede reducir riesgos financieros, mejorar la productividad y aliviar tensiones sociales.
Sin embargo, el panorama general es que, en las economías avanzadas, la adaptación se ha visto frenada por la asimetría de información, la dificultad para valorar económicamente los beneficios de la adaptación, la fragmentación de responsabilidades, la falta de incentivos claros para el sector privado y, por una falsa sensación de seguridad que, en definitiva, ha venido retrasando la toma de decisiones. Superar estos obstáculos requiere integrar la adaptación en el núcleo de la política económica, presupuestaria y regulatoria, no tratarla como un apéndice sectorial o territorial.
Finanzas, activos y estabilidad: el papel del sector financiero
La dimensión financiera es central en este debate. En países como España, una parte sustancial de los balances bancarios está vinculada al sector inmobiliario, altamente expuesto a riesgos físicos.
El aumento de los siniestros asegurados, la caída del valor de los activos en zonas vulnerables o la creciente dificultad para asegurar determinados riesgos son ya señales tempranas de un problema mayor.
Algunos documentos del Banco de España muestran que el deterioro ambiental del Mar Menor, amplificado por eventos climáticos extremos, ha tenido efectos económicos persistentes y no transitorios. Cuando el daño ecológico se hizo visible para el público, los precios de la vivienda en la zona sufrieron una fuerte caída, generando pérdidas de riqueza en la zona superiores a 4.000 millones de euros (Pérez‑Quirós at al, 2022).
Asimismo, no puede dejar de señalarse las severas inundaciones repentinas, especialmente en la provincia de Valencia que tuvieron lugar finales de octubre de 2024. Este suceso tuvo consecuencias trágicas en términos de vidas humanas y está teniendo un impacto económico profundo y duradero en la región, alterando el curso normal de la actividad económica y afectando factores de producción y riqueza familiar. Un suceso que ha puesto de manifiesto dos consideraciones fundamentales. La primera es que, además de los riesgos físicos derivados del cambio climático, la exposición de activos físicos a eventos meteorológicos extremos y su grado de vulnerabilidad, son elementos claves al momento de valorar un daño. El segundo, es la relevancia de mantener un sólido sistema bancario y de un modelo de aseguramiento apalancado en el Consorcio de Compensación de Seguros, dos baluartes que han podido mitigar hasta cierto punto los efectos económicos y financieros adversos de la DANA en Valencia (Pérez-Montes at al, 2025).
Es decir, la adaptación no elimina el riesgo climático, pero modifica de forma decisiva su trayectoria financiera. Sin medidas de adaptación, los riesgos físicos tienden a amplificarse de manera no lineal, alimentando dinámicas de depreciación abrupta de activos, retirada de la asegurabilidad o tensiones fiscales regionales. Con adaptación, es posible reducir las pérdidas esperadas y preservar la estabilidad del sistema financiero.
El sector financiero, como financiador, asegurador e inversor, tiene un papel clave que desempeñar: incorporando los riesgos físicos en la toma de decisiones, desarrollando instrumentos de financiación de la adaptación, incentivando la prevención y contribuyendo a la difusión del conocimiento entre hogares y empresas no solo para aumentar la sensibilidad por estos temas, sino para que puedan tomarse decisiones económicas bien fundamentadas.
Gobernanza, conocimiento y acción coordinada
Europa y España no parten de cero. Existen planes de adaptación y marcos estratégicos, capacidades técnicas y plataformas de conocimiento sobre adaptación relativamente avanzadas. El verdadero reto ya no es generar más información, sino traducir ese conocimiento en señales económicas, regulatorias y financieras coherentes.
La adaptación exige una acción colectiva: gobiernos centrales y locales, instituciones financieras, empresas y ciudadanos. Requiere claridad regulatoria, estándares comunes, acceso a datos climáticos relevantes y mecanismos que alineen incentivos públicos y privados. Aunque la adaptación ha sido sistemáticamente subestimada, no se trata de elegir entre mitigación o adaptación, sino de reconocer que ambas son necesarias y complementarias.
En definitiva, aceptar que la mitigación no bastará para evitar impactos climáticos significativos no es rendirse, sino gobernar el riesgo. Es decir, admitir la realidad física y económica del sistema climático, de la misma manera que reconocer que los daños económicos del calentamiento global son mayores de lo que pensábamos no es alarmismo, sino ajustar el diagnóstico a la evidencia.
En ese nuevo marco, la adaptación deja de ser un tema secundario. Se convierte en una política macroeconómica de primer orden. Para Europa —y especialmente para países altamente expuestos como España—, adaptarse no es un gesto defensivo ni una inversión improductiva, sino una estrategia activa para preservar crecimiento, estabilidad y cohesión social en un mundo inevitablemente más cálido.
Tal vez el verdadero error no haya sido tardar en adaptarnos, sino seguir hablando de adaptación como si fuera una mala noticia.
Referencias
[1] Usman, S., Parker, M., & Vallat, M. (2025). Dry‑roasted NUTS: Early estimates of the regional impact of 2025 extreme weather. SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.5484206
Bilal, A., & Känzig, D. R. (2026). The macroeconomic impact of climate change: Global vs. local temperature. The Quarterly Journal of Economics. https://doi.org/10.1093/qje/qjag011
Climate Action Tracker. (2026). Global warming projections and current policy assessments.
https://climateactiontracker.org/
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Oficina Española de Cambio Climático. (2020). Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021–2030. Gobierno de España.
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico.html
Pérez‑Quirós, G., Lamas, M., García‑Lorenzo, M. L., & Medina‑Magro, M. (2022). When macro‑critical climate risk comes true: Environmental destruction and house prices in Mar Menor, Spain (Working paper). Research Square. https://www.researchsquare.com/article/rs-2329432/latest.pdf
Perez Montes et al (2025): The impact of the autumn 2024 flash floods in Spain from a financial stability standpoint. Revista de Estabilidad Financiera 2025.1. Banco de España
Usman, S., Parker, M., & Vallat, M. (2025). Dry‑roasted NUTS: Early estimates of the regional impact of 2025 extreme weather. SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.5484206
Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. Plan nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021 – 2030. https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc-2021-2030_tcm30-512163.pdf
