Introducción
Los PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas), conocidos como “contaminantes eternos”, se han consolidado como uno de los grandes retos regulatorios, económicos y ambientales de nuestro tiempo. Su presencia generalizada en productos industriales y de consumo, junto con su extraordinaria persistencia en el medio ambiente, está obligando a replantear los modelos de producción, gestión del agua y responsabilidad ambiental en Europa. Con el objetivo de profundizar en estas implicaciones, Ciencia en Sociedad de la Fundación Fide celebró la segunda sesión del ciclo dedicada a los PFAS, moderada por José Antonio Parada López, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. En el encuentro participaron Eduardo Orteu Berrocal, counsel de Público y Sectores Regulados de Gómez-Acebo & Pombo, y Diana Peleteiro, directora de calidad de agua en Veolia. A lo largo de la sesión, los expertos abordaron el impacto económico de la transición regulatoria en torno a los PFAS, los desafíos asociados a su control y eliminación en el ciclo del agua y las implicaciones jurídicas, industriales y estratégicas derivadas del endurecimiento normativo en Europa.
Grabación de la sesión
Resumen ejecutivo
Los PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) son un amplio grupo de sustancias químicas sintéticas utilizadas durante décadas en la industria y en productos de consumo por sus propiedades únicas: repelen el agua, las grasas, los aceites y el polvo, además de resistir altas temperaturas y procesos químicos agresivos.
Estas características explican su presencia histórica en sectores tan diversos como el textil, el calzado, la automoción, la electrónica, los envases alimentarios, las espumas antiincendios, productos domésticos, cosméticos o dispositivos médicos. Sin embargo, esas mismas propiedades son también la base del problema: su extraordinaria resistencia hace que apenas se degraden en la naturaleza y puedan persistir durante décadas o incluso siglos. Por ello, se conocen como “químicos eternos”.
Hoy se detectan PFAS en prácticamente todas las matrices ambientales: agua, suelo y aire, así como en alimentos, organismos vivos y agua potable. Su presencia es ya global y afecta tanto a ecosistemas como a la salud humana.
De problema técnico a prioridad política
Uno de los puntos destacados de la sesión fue cómo los PFAS han pasado en pocos años de ser una cuestión relativamente desconocida fuera del ámbito científico a convertirse en una prioridad política y regulatoria en Europa.
Aunque las primeras restricciones vinculantes en la Unión Europea comenzaron en 2006 con limitaciones al uso del PFOS, el gran punto de inflexión llegó con el impacto mediático de investigaciones periodísticas internacionales.
Especial relevancia tuvo The Forever Pollution Project (2023), una investigación transnacional que reveló más de 17.000 lugares contaminados por PFAS en Europa, identificando más de 2.000 puntos críticos de alto riesgo para la salud humana. Este trabajo fue decisivo para situar el problema en el centro del debate político y social.
Más recientemente, The Forever Lobbying Project (2025) expuso la intensa actividad de lobby de parte de la industria química para retrasar o suavizar la futura restricción universal de PFAS en Europa, mostrando hasta qué punto el debate ha adquirido una dimensión económica y geopolítica.
Europa avanza hacia una restricción sin precedentes
Actualmente, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) evalúa la propuesta de restricción universal de más de 10.000 compuestos PFAS bajo el reglamento REACH, en lo que podría convertirse en una de las mayores restricciones químicas jamás aprobadas en la Unión Europea.
El Comité de Evaluación de Riesgos (RAC) ya ha respaldado la necesidad de una restricción amplia, concluyendo que los PFAS representan riesgos crecientes debido a su persistencia, su capacidad de transporte a larga distancia y su potencial para contaminar suelos y aguas subterráneas.
Por su parte, el Comité de Análisis Socioeconómico (SEAC) está evaluando los costes de transición y la viabilidad económica y técnica de sustituir estas sustancias en distintos sectores. El debate actual gira en torno a una cuestión clave: si la prohibición debe ser total e inmediata o si será necesario introducir excepciones temporales en usos donde aún no existan alternativas viables. Todo apunta a que 2026 y 2027 marcarán un punto de inflexión regulatorio.
El agua: principal frente de control
En España, el agua es el ámbito donde la regulación de PFAS está más desarrollada. Desde enero de 2026 es obligatorio el control sistemático de PFAS en agua potable, con límites específicos para las sustancias prioritarias. Además, la actualización europea de contaminantes prioritarios ha reforzado el control en aguas superficiales y subterráneas, obligando a una monitorización mucho más intensiva.
Esto tiene implicaciones directas para operadores del ciclo integral del agua, abastecedores, gestores públicos y confederaciones hidrográficas, que deberán reforzar sistemas de vigilancia, tratamiento y control. A ello se suman nuevas restricciones sectoriales: en agosto de 2026 entrará en vigor la prohibición del uso intencionado de PFAS en determinados envases comerciales, y en octubre comenzará a aplicarse la restricción sobre espumas contra incendios.
El verdadero reto: el coste económico
Uno de los mensajes centrales de la sesión fue claro: la gran cuestión ya no es solo cómo regular los PFAS, sino quién asumirá el coste económico de la transición.
El impacto económico de estas sustancias se concentra en varios grandes ejes: descontaminación de aguas y suelos, transformación industrial, incremento del gasto sanitario y aumento de riesgos legales y financieros.
La descontaminación de aguas contaminadas exige inversiones multimillonarias en tecnologías como membranas avanzadas, ósmosis inversa o carbón activado. Además, estas tecnologías en muchos casos no destruyen los PFAS, sino que simplemente los concentran en otras matrices que requieren tratamiento posterior. La conclusión compartida fue clara: prevenir la contaminación es mucho más eficiente económicamente que tratar de eliminarla una vez producida.
Empresas, seguros y responsabilidad legal
Sectores como textil, automoción, electrónica, packaging y química deberán adaptar procesos productivos, desarrollar materiales alternativos e invertir de forma significativa en I+D. Esta transición puede afectar a la competitividad industrial europea en el corto plazo.
Además, las empresas vinculadas históricamente al uso de PFAS podrían enfrentarse a reclamaciones por daños ambientales, litigios civiles, sanciones administrativas y daños reputacionales significativos. También se destacó el papel creciente del sector asegurador, que ya empieza a excluir ciertos riesgos asociados a PFAS o a encarecer primas por exposición a potenciales pasivos ambientales.
Un cambio de paradigma regulatorio y económico
Los PFAS se han convertido en un caso paradigmático de cómo un problema inicialmente científico y ambiental puede transformarse en un desafío económico, jurídico y de gobernanza de primer nivel.
La transición hacia un modelo productivo menos dependiente de estas sustancias exigirá inversión, innovación tecnológica y una estrecha colaboración entre administraciones, empresas y comunidad científica.
Más allá de los PFAS, el debate refleja un cambio estructural más profundo: el paso desde un modelo centrado en gestionar la contaminación una vez generada hacia otro orientado a prevenirla desde el diseño de productos, los procesos industriales y la regulación.
